... es el precio que vale, según el gobierno, cada voto que se pronuncie en las próximas elecciones de concejales, en octubre próximo.

No, no le van a pagar quina por ir a votar (ni siquiera cubre la ida y la vuelta en Transantiago), sino que esos 500 pesos irán directo al partido al que pertenece el concejal por el cual usted votó. Todo ésto, en el marco de las profundas reformas al sistema electoral y de partidos políticos que está impulsando el gobierno, y que junto con el financiamiento público de los partidos políticos, incluye: Modificación del sistema electoral binominal, reformas a la ley de partidos políticos e inscripción automática y voto voluntario.

Convengamos que ninguna de estar reformas de por sí van a volver a prestigiar el sistema político, o que darán el impulso necesario para mejorar el país. Nadie puede pretende que porque cambie el binominal, o se elimine el trámite de la inscripción electoral, las cosas van a andar mejor. Eso depende completamente de que los partidos actúen de acuerdo a lo que la gente espera de ellos, por sobre sus mezquinos intereses particulares. Por lo demás, existen problemas mucho más urgentes y que requieren mayor dedicación que la forma como la oligarquía partitocrática que monopoliza la participación social y política se reparte la torta.

Pero ya que a esta manga de cafiches fiscales no les preocupa más que cuánto pueden seguir mamando gratuitamente de la generosa teta fiscal, me veo obligado a pronunciarme sobre la más nefasta de las reformas propuestas: El financiamiento público a los partidos políticos.

Ya sufrimos a los cafiches fiscales que sin mérito alguno se hacen de los “cargos de confianza” de las autoridades electas (no quiero generalizar, pero espero que se entienda que no me refiero a todos, sino que a aquellos que son colocados por cuoteo o por favores); ya sufrimos a la larga lista de “asesores” que son remunerados con el dinero de los contribuyentes para que emitan informes sobre “la importancia de la inmortalidad del cangrejo en la toma de decisiones de la autoridad administrativa x” (los cuales, además, en muchas ocasiones no vemos ni siquiera terminados); ya sufrimos a la inmensa lista de “operadores políticos”, nombre eufemíistico de los cafiches fiscales, inútiles buenos para nada que sin embargo venden fácilmente sus lealtades a fin de extender los tentáculos de las maquinarias partidistas... ¡y ahora quieren premiar a una manga de ineptos que no han hecho sino granjearse la antipatía de la inmensa mayoría de los chilenos, para que vivan de lo más bien como funcionarios rentados de dedicación plena al partido! Por favor, no con el dinero de los contribuyentes.

El gobierno argumenta que es necesario para “profundizar la democracia”, y que “vale la pena, porque si no financiamos a los partidos políticos en su funcionamiento habitual, lo que ocurre en consecuencia es que quien manda el partido es el que tiene la chequera más grande y eso no es bueno”. Con el debido respeto, pero ni Escalona, ni Alvear, ni Auth ni Gómez, ni los Larraínes deben ser las chequeras más grandes de sus respectivos partidos. Además, no me vengan con el cuento de la democracia. Ésta no va a ser más perfecta porque, aparte de los cafiches fiscales, ahora existan cafiches de partido. Hasta ahora los partidos se las han arreglado más que bien para poder remunerar a sus auxiliares, secretarias, etc., por lo que esos pagos extra no se pueden justificar por esa vía.

Otro argumento esgrimido por el gobierno, ha sido que "es un paso más para que la política en Chile esté separada de los negocios, de las inversiones y sea transparente". Ok, todos queremos eso, pero al mismo tiempo queremos que el proselitismo político se vea lo más alejado posible de las arcas fiscales, y no vemos en qué pueda servir el proyecto para cualquiera de ambos objetivo. Afortunadamente, la ciudadanía rechaza de plano (82 %) la posibilidad del financiamiento público a los partidos, porque los conoce y sabe a lo que se expone. Esperemos que el gobierno escuche la voz del pueblo.

De yapa: Si yo fuera Hernán Larraín, despediría de inmediato por mediocre, inepto e incompetente a su "experto" electoral Andrés Tagle. Es que nadie puede dar como respuesta "hay que oponerse porque no nos conviene", cuando su pega precisamente es determinar cómo enfrentar de mejor manera un escenario adverso. Y además me daría vergüenza que se hiciera público su informe, el cual quemaría y borraría todo posible rastro.

Sacándonos la suerte entre gitanos: No veo como imposible un escenario en que Jaime Ravinet corra literalmente sin competencia para la alcaldía de Santiago.